El gremio minero advierte que el proyecto de ley puede comprometer la inversión futura.
El texto será sometido a una consulta previa con comunidades étnicas y de manera simultánea estará disponible para que la ciudadanía lo pueda revisar y envié sus comentarios, antes de que sea radicado en el Congreso de la República.
El documento tiene 219 artículos y fue construido por el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) y el Servicio Geológico Colombiano.
Esta nueva ley reemplazaría el Código de Minas que está vigente desde hace 23 años para “transformar, con una perspectiva de justicia social y ambiental, el sector minero, a la vez que propone su modernización”.
En ese sentido, según el Gobierno, los artículos tienen como fin “establecer las bases para que la minería en Colombia sea parte esencial de la reindustrialización, de una economía productiva para el bienestar social, de la transición energética justa y de la generación de capacidades para enfrentar la crisis climática”.
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“Esta es la oportunidad de construir y desarrollar en conjunto la territorialidad, mejorar la producción y el aprovechamiento de los recursos, y transformar la minería para la vida y la paz”, aseguró el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.
Un de los primeros puntos que se mencionan es que solo se podrá hacer minería en las zonas que sean habilitadas para este propósito, las cuales se denominarán Zonas Aptas para la Minería (ZAM).
También se hace un importante énfasis en la minería artesanal (barequeo, mazamorreo y paleo), y en línea con el apoyo que le quiere dar el Gobierno a esta actividad, no se exigirá un contrato minero o licencia ambiental. Según expertos, esto podría inducir a que se incremente la minería ilegal en el país.
Además, estarán permitidas las operaciones mineras hasta de pequeña escala que sean desarrolladas de forma exclusiva y directa por comunidades étnicas o campesinas en áreas de reserva forestal, pero que no sean protectoras.
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FOTO:Drummond
Igualmente, las comunidades étnicas tendrán prelación ante la ANM sobre los yacimientos y depósitos mineros ubicados en sus territorios.
Sumado a esto, el Gobierno impulsará la constitución de alianzas público-populares entre las organizaciones de mineros vinculadas a la minería artesanal, semitecnificada y de pequeña escala para apoyar sus actividades, las cuales serían financiadas con recursos del Fondo de Fomento Minero, el Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Compensación.
Y a través del desarrollo de instrumentos y programas específicos, este tipo de minería también tendrá el apoyo del Gobierno para que cuenten con acceso a financiamiento y créditos que tengan tasas de interés, montos, plazos y condiciones especiales.
Por otro lado, el borrador tiene varios artículos dedicados al plan de cierre minero, en los cuales se establece que en un plazo máximo de dos años todas las empresas que operan en el país deberán contar con uno y deberán constituir una garantía de cierre minero.
FOTO: Twitter @ArisMining / GoldMining
Adicionalmente, este plan se tendrá que actualizar cada cinco años y las mineras deberán constituir un patrimonio autónomo de largo plazo y con destinación específica para garantizar la financiación del cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de cierre.
En cuanto a sanciones, la ANM podrá imponer multas sucesivas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales (6.500 millones de pesos actualmente), cada vez y para cada caso de infracción de las obligaciones que están estipuladas en el contrato minero.
Y si una empresa no presenta el plan de cierre minero o sus correspondientes actualizaciones en los términos establecidos, deberá asumir una multa de hasta 20 salarios mínimos mensuales (26 millones de pesos actualmente) por cada día de retraso.
Otra facultad que tendrá la ANM será la de establecer, si es necesario, que un porcentaje de los minerales que sean extraídos o que se piensen extraer sean comercializados en el país –y no exportados– a precios competitivos.
Adicionalmente, podrá autorizar a las entidades públicas o a sus contratistas, “incluidas las juntas de acción comunal y otros actores relevantes para el fortalecimiento de las economías locales populares” para que exploten materiales de construcción que se requieran para obras de infraestructura pública de transporte, de mitigación del riesgo y cambio climático.
FOTO: Twitter @ArisMining / GoldMining
El proyecto de ley genera una gran cantidad de incertidumbres y de preguntas
Para fortalecer la economía de las regiones, en uno de los artículos se ordena que todo proyecto minero deberá contratar como mínimo el 50 por ciento de mano de obra local, siempre y cuando exista la mano de obra con las capacidades que requiere su ejecución.
Tras conocer el contenido de este borrador, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, aseguró que el proyecto de ley debe tener un proceso amplio de consulta participativa y efectiva de todos los sectores involucrados, incluido, el sector privado y minero colombiano.
Adicionalmente, advierte que este proyecto de ley tiene “unas implicaciones profundas” en la inversión y en el devenir futuro de la minería. Además, manifiesta que lo que se está proponiendo afectaría la búsqueda de minerales en Colombia, pues actualmente el 97 por ciento del territorio nacional no se ha explorado.
“Así como está redactado, el proyecto de ley genera una gran cantidad de incertidumbres y de preguntas que pueden llegar a comprometer la inversión futura en la minería y el esfuerzo conjunto que se debe hacer entre el Estado, las compañías privadas y, por supuesto, las comunidades, para buscar y producir los minerales de la transición energética y los que hoy necesita el mundo”, señaló.
